Tartagal era usada como “un campo de entrenamiento” por los militares

Varios de los testigos que declararon ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta aseguraron que en la década del 70 la ciudad de Tartagal fue utilizada como “un campo de entrenamiento” por las fuerzas represivas. Afirmaron también que el Ejército “era el cerebro” de estas actividades y de las actividades de represión que realizaban junto a Gendarmería Nacional y la Policía. Los testigos afirmaron también que en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, existía un grupo de tareas conocido como Rodillas Negras (porque tenían rodilleras de ese color), que operaba en todo el norte y se trasladaba en vehículos del Ejército. Siete personas declararon en el juicio que se lleva cabo en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial salteña por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas, hechos por los que están acusados 20 hombres, militares, policías y un civil. Reina Isabel Parada de Russo, esposa del empleado municipal René Russo (detenido por gendarmes y Rodillas Negras el 24 de marzo de 1976 y desaparecido en diciembre de ese año desde la Central de Policía de Salta), entregó al Tribunal una carta, fechada el 18 de agosto de 1976, en la que el entonces jefe del Ejército en Salta le informaba a la madre de Russo, Ana María Platero, que su hijo estaba detenido en la cárcel de Villa Las Rosas. Anery Osores y Francisco Osores, hermanos de Raúl Benjamín Osores, detenido por Gendarmería en abril de 1976 y que fue visto en la cárcel de Villa Las Rosas y en  la Central de Policía de Salta, describieron una Tartagal muy distinta de la que relató el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado por el secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña, cometido en diciembre de 1975. Ríos Ereñú fue jefe del Regimiento de Monte 28 desde el 9 de diciembre de 1975 y viene afirmando que durante los dos años de su gestión no hubo violaciones a los derechos humanos en Tartagal, que no supo de detenciones cuando se produjo el golpe de Estado (el 24 de marzo de 1976), que la ciudad era “tranquila” y fue una época “feliz”. Anery, que como militante de la JP alfabetizaba adultos en el humilde Tomás Ryan, recordó que con el golpe “ese barrio fue arrasado prácticamente”. “(Tartagal) no era una ciudad tranquila, el Ejército actuó con dureza en ese pueblo. Hubo muchos detenidos y hay muchas desapariciones”, afirmó la testigo. Añadió que los jefes militares “eran los cerebros. De ahí salían las órdenes para todos los órganos represivos de Tartagal” y que al Ejército le respondían Gendarmería y la Policía. El mismo 24 de marzo “se produjeron muchas detenciones en Tartagal, (fueron detenidos) la mayoría de los compañeros de la Juventud, los compañeros de Montoneros”. “Prácticamente el Ejército la tomaba a Tartagal como campo de entrenamiento para la lucha, como decían ellos, contra la subversión. Hacían simulacros, desplazamientos por las veredas, por los garajes, cubriéndose en los postes, y avanzan, y avanzan”, agregó su hermano, Francisco, quien también recordó a algunos jefes que pasaron por el Regimiento 28: Pucheta, Edgardo Parada, Ríos Ereñú, Cabello. Francisco Osores consideró que las desapariciones se concretaron de acuerdo a un propósito definido: “Han tratado de desarticular a la gente capaz de movilizar las voluntades de una sociedad para impulsar un proyecto que sirva a la mayoría. Por eso atacan a changos muy preparados”. Anery y Francisco, igual que los testigos que hablaron de Orán, aseguraron que la represión empezó antes del golpe. Por los dichos de otros testigos, Parada de Russo, Amado Barrios (militante comunista en Orán) y Eduardo Fernández Muiño (militante de la Juventud Peronista en Orán) quedó claro que ya en 1975 eran vigilados y “controlados”. Barrios sostuvo que el gendarme Juan Carlos Fonseca era un informante. Fonseca fue reconocido por Parada de Russo entre los que detuvieron a su marido. Barrios dijo que también eran vigilados constantemente por los Rodillas Negras, “un grupo de tareas del Ejército”, y recordó que a otro militante comunista, Mario Bernardino Luna, “lo seguían a todos lados” hasta que finalmente lo secuestraron y desaparecieron.   Escapar para entregarse Después de escapar de la represión el 24 de marzo de 1976 y de sobrevivir escondiéndose en los cerros con la ayuda de su compañero Efraín Villarroel, en cuya casa se higienizaba y alimentaba por las noches, Raúl Osores se entregó a Gendarmería en abril de 1976; creía que de esa manera aseguraba la libertad de su compañera, Pía Asunción Viltes, detenida el mismo 24 de marzo de 1976. Dolores Mauricia Torres, residente en Tartagal, la primera madre que declaró en un juicio en Salta, contó que su hijo Raúl se entregó un sábado en Embarcación; el domingo lo llevaron al Escuadrón 20 de Orán, adonde ella lo siguió y consiguió verlo. Regresó al domingo siguiente pero le dijeron que ya lo habían llevado a la ciudad de Salta. Ella llamó a su hija, Anery, que vivía en la Capital provincial: “Seguilo vos ahora”, le recomendó. Anery, que tenía 17 años, fue a buscarlo a la cárcel de Las Rosas, allí se enteró que estuvo en ese lugar y que fue torturado cada semana. Y por el relato de Lucrecia Barquet, también detenida y una de las más destacadas luchadoras por el esclarecimiento de estos hechos, supieron que fue trasladado a la Central de Policía con un grupo que iba a ser liberado; Lucrecia le entregó dinero para que el viaje al norte. Pero lo sacaron de la fila de los que iban a salir con la excusa de que tenía otra causa. Esa es la última noticia que se tiene de él. Tres años después Dolores escuchó, de boca de Pía Asunción, recién liberada de Villa Devoto, que su hijo había sido fusilado. Una versión similar, de un fusilamiento en el Tiro Federal (no se sabe si en Salta o en Tartagal) recibió años después Francisco Osores. Los hermanos Osores eran militantes de la JP. Raúl estaba en la rama gremial, era secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), Anery alfabetizaba adultos. Francisco era hachero y estudiaba matemáticas. 

Policías y gendarmes, la vigencia del pacto de silencio

Uno dijo que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado

Cinco testigos, ex integrantes de fuerzas de seguridad, volvieron a exhibir ayer* la vigencia del pacto de silencio que ligó a represores y sus colaboracionistas. Tres policías jubilados y dos gendarmes retirados fueron esta vez los repetidores de una fórmula ya conocida: la desmemoria o memoria selectiva, la reticencia a declarar, y el temor a resultar acusados como partícipes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el suboficial mayor de la Policía Alejandro Chiliguay sea investigado por falso testimonio. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal dejó pendiente la resolución. Pero es posible que Chiliguay termine siendo investigado por hechos más graves que un falso testimonio. Es que durante la dictadura cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue el sumariante de los cuatro secuestros cometidos en esa ciudad entre el 9 de abril y el 31 de mayo de 1976, de los que fueron víctimas las hermanas Francisca Delicia (conocida como Elsa) y Carmen Berta Torres, el soldado Nolberto Guerrero y su amigo, el estudiante secundario Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo. Ayer el sumariante no recordó prácticamente nada; lo justificó por el paso del tiempo, sin embargo, tampoco recordó lo que había declarado en 2010, en la instrucción, para enojo del fiscal. En medio de su desmemoria reconoció que un secuestro era considerado un caso “urgente”, pero luego no pudo explicar por qué entonces el pedido de búsqueda de las hermanas Torres se hizo recién el 7 de mayo, cuando Elsa había sido secuestrada de la municipalidad de Güemes el 9 de abril y a Berta la habían sacado de su casa el 28 de abril. Chiliguay tampoco pudo explicar por qué estos secuestros, de los que (según sus propios dichos) nada sabían, fueron informados al Juzgado Federal y no a un juzgado de provincia, como normalmente correspondía. Y para explicar por qué fueron puestos en conocimiento de la Dirección de Seguridad (a cargo entonces del represor Joaquín Guil), dijo que se informaban todas las actuaciones, hasta por los más mínimos delitos, como el hurto “de 2 pesos”. El que también podría quedar implicado es el suboficial principal retirado de Gendarmería Luis Silvano Sanaverón, que ayer llegó a decir que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Por entonces Sanaverón dependía del Escuadrón 20 de Gendarmería en Orán, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD). Era el encargado del Departamento de Armas y era el chofer que trasladaba a los detenidos a la ciudad de Salta. Ayer su memoria selectiva no le permitió recordar si el 24 de marzo de 1976 hubo más detenidos en el Escuadrón 20; pero sí recordó, con precisión indubitable, que “nunca” trasladó a un solo preso político. Dijo que solo realizó traslados de presos comunes, por narcotráfico y delitos menores. “No tengo conocimiento”, respondió cuando se le preguntó quién trasladaba a los presos políticos. Sanaverón declaró en relación a las detenciones del empleado municipal René Russo y del trabajador rural Raúl Osores. Russo fue detenido en Orán y Osores, en Embarcación. Ambos fueron torturados en el Escuadrón 20 y luego fueron llevados a la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta Capital, de donde desaparecieron. El gendarme retirado no los recordó. Sanaverón empezó bastante animado. “Juro decir la verdad. A eso he venido”, sostuvo cuando se le tomó el juramento de ley. Pero ahí nomás se despintó: aseguró que en 1977 comenzó a desempeñarse en el norte de Salta. El fiscal tuvo que recordarle que en 2004 había declarado en sede judicial y había dicho que estuvo desde 1976. Sanaverón no se amilanó: negó la declaración de 2004; pero enseguida, previa exhibición del acta con su firma, tuvo que desdecirse y reconocer que sí había declarado y sí había estado en Orán desde 1976. Entonces empezó a fallarle la memoria: no recordó dónde había estado el 24 de marzo de 1976 y, en tren de olvidarlo todo, olvidó hasta que hubo un golpe de Estado. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, lo despidió con una ironía: “Ha sido de mucha ayuda”, le dijo. El otro gendarme, Teodoro Cañizares, retirado con el grado de sargento primero, no se quedó atrás: “La verdad es que yo he perdido mucho la memoria”, advirtió de entrada, y añadió una sordera. De lo poco que respondió, dijo que trabajaba en el área de construcción del Escuadrón 20, que no vio más detenidos el 24 de marzo del 76, y no recordó ni el nombre de su comandante. “Yo trabajaba mucho en la construcción, no me percataba mucho de si había golpe o no”, se cerró. Mario Argañaraz, suboficial principal de la Policía y que trabajaba en Güemes, recordó, como los otros dos que declararon ayer, que el jefe de esa Comisaría era Julio Oscar Correa, quien está siendo juzgado por las desapariciones de las hermanas Torres, de Guerrero y Pizarro Gallardo. Sin embargo, a pesar de reconocer que en su vida solo investigó este secuestro, no recordó prácticamente nada del de Berta Torres. Dijo que solo habló con el vecino Domingo Gutiérrez, que lo convocó a declarar con el sumariante y no hizo más nada porque Chiliguay no le dio más instrucciones. El suboficial ayudante Emilio Zarzur adelantó que recordaba poco, que es hipertenso y tiene un problema sicológico derivado del fallecimiento de su madre. Dijo que tras el secuestro de las hermanas Torres el jefe mandó reforzar la guardia en la Comisaría, y que los secuestros causaron gran conmoción en Güemes. Ayer también declararon Antonia Dora Chauque, una vecina de la familia Torres, y la hermana de Felipe Pizarro Gallardo, Sara Ester Pizarro Gallardo, que en 1976 tenía diez años.



 *24-06-12

En el día del periodista, debatimos sobre periodismo y compromiso

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) ha elegido este año celebrar el Día del Periodista recordando especialmente a nuestro compañero Héctor Luciano Jaime, asesinado por el terrorismo estatal en febrero de 1975. Y, dado que Luciano vivió el periodismo como un compromiso, hemos decidido celebrar el día con una charla debate sobre “Periodismo comprometido con su tiempo”. La elección, y la organización de la actividad, es compartida con la Comisión Mega Causa Salta (que reúne a militantes de derechos humanos y a querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en Salta) y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Los esperamos este jueves a las 18.30 en el Museo Casa de Hernández (La Florida y Alvarado) para compartir un momento de reflexión sobre nuestro trabajo. Quisimos recordar especialmente a Luciano porque se está llevando a cabo el juicio en contra de los dos represores acusados de haber participado de su asesinato: el ex comisario general Joaquín Guil y el ex militar Miguel Raúl Gentil. Interpretamos que es nuestra obligación rescatar el compromiso de Luciano Jaime. Por su compromiso Luciano Jaime es una fuente de inspiración y su trabajo sigue ofreciendo un punto de partida desde el cual poder observar la actuación del periodismo en la actualidad y la situación de quienes trabajamos en la prensa. Por eso dedicamos este día del periodista a recordarlo y a reflexionar sobre nuestra tarea. “El periodismo comprometido con su tiempo. El camino de Luciano Jaime. Periodismo militante u objetivismo en la comunicación”, es la propuesta para debatir. Hemos pedido a tres colegas que den el punto de partida para ese debate: Georgina Torino, integrante del equipo de comunicación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, nos contará sobre este trabajo y lo que implica para comunicadores y periodistas haber tomado la decisión de realizar esta tarea de compromiso; Gregorio Caro Figueroa, historiador y periodista, nos hablará sobre Luciano Jaime, a quien conoció. Y Martín Van Dam, periodista y docente de la Universidad Nacional de Salta, hablará sobre “periodismo militante y objetivismo en el periodismo”. Consideramos que los y las periodistas tenemos que acompañar el reclamo de justicia por el homicidio de Luciano Jaime, que ya lleva 37 años de impunidad, a pesar de que siempre se supo dónde estaban –están- los culpables. El crimen contra Luciano Jaime, asesinado por atreverse a asegurar lo que todos sabían: que en 1975 la policía secuestraba, torturaba y mataba a militantes políticos, es un crimen contra toda la prensa, particularmente la salteña. Por eso somos querellantes en el juicio y exigimos que la justicia se pronuncie sobre su muerte. Sin embargo, no es su muerte lo que constituye a Luciano Jaime, sino su vida, y el sentido que le dio. Por eso, celebramos el Día del Periodista, y lo recordamos con alegría, porque nos fortalece. El recuerdo de Luciano Jaime no nos permite olvidar la actualidad del ejercicio periodístico. Estamos en un momento en que hay agresiones verbales y físicas contra los trabajadores de prensa. Y hay colegas que están trabajando en condiciones laborales no adecuadas y a quienes no se les reconocen sus derechos. Es parte de la problemática de nuestro trabajo, y debe ser parte de nuestras reflexiones y debates. Para mejorar nuestras condiciones de trabajo, para cumplir un mejor servicio. Elena Corvalán