Nosilatiaj

La belleza como diálogo intercultural, observar el silencio y más allá…

ANDREA VILLAGRAN

A primera impresión el título de la película descoloca y desconcierta, Nosilatiaj habla desde un idioma que resulta extraño y ajeno. Es que abrirse a la belleza nominada en otra lengua y por tanto inscripta en una concepción distinta del mundo, trae algunos desafíos, implica un corrimiento respecto al modo común en que se referencia “lo lindo” en Salta.

Este filme invita a recorrer imágenes que no tienen lugar en el repertorio estereotipado de representaciones, en las estampas folclóricas y turísticas, esas que ofrecen como mercancía “lo indio” que sepulta cada adoquín del casco histórico de la ciudad. Se construye así un paisaje visual abierto, desprejuiciado, donde hay espacio para que emerja “lo bello” en perspectiva indígena, para que la voz hable wichí lhamtes y los cuerpos se expresen desde un lenguaje propio.

El Chaco salteño enmarca geográficamente al barrio rural/urbano fronterizo, a la vivienda donde se localiza la historia. El personaje principal, Yolanda, una joven wichí de dieciséis años, representa la situación y trayecto de vida posible para cualquier mujer indígena, forzada por las circunstancias al desarraigo, a dejar su familia para incorporarse como “criada” en otra. El denso entretejido de relaciones personales, que en ese ámbito íntimo tienen lugar, ilustran respecto a la complejidad y ambivalencia de los vínculos sociales a otra escala.

El reparto de roles y posiciones de poder dentro de la dinámica familiar escenifica aspectos característicos del espacio e historia local, donde es práctica común ofrecer techo y comida a cambio de trabajo. Vínculos que ganan en complejidad e indefinición al teñirse de afecto y buenas intenciones.

En esos abigarrados lazos se levantan, relajan y contraen las fronteras entre universos culturales diferentes, con específicos valores y creencias, entre el mundo de sentidos wichí y el blanco. Porosa fricción surge cuando uno avanza por sobre el otro sin respetarlo, imponiendo sus propias categorías de pensamiento y modos de hacer. Si el más fuerte eleva el tono de su voz y no escucha, el débil calla, resiste en silencio, se retrae, y en tales términos se niega toda posibilidad de comunicación o entendimiento.

El filme se presenta también como una reflexión sobre el presente, cuando arrasar el monte y talar sus árboles en pos del “progreso económico” grafica, a otra escala, el mismo acto que lleva adelante la patrona de Yola quien decide mutilar el cabello sin considerar el valor que éste pudiera tener para ella, sin preguntarse lo que podría significar para su cultura, sin consultarle. Produce así un daño de cuya magnitud no tiene noción. Aquel hermoso pelo, como las ramas, no debía ser cortado nunca, pues constituía para Yola un preciado don.

La moraleja advierte sobre las consecuencias que acarrean el desconocimiento, rechazo y negación de lo distinto, anuncia  su potencial para devenir en violencia y avasallamiento.

La tensión entre universos de significación que se rechazan e interpenetran hila la película. De un lado gobiernan las expectativas y anhelos de Sara, una madre dispuesta a lograr a cualquier costo que el cumpleaños de quince de su hija sea “la mejor fiesta que haya visto jamás el barrio”. Todo se apuesta para que esa celebración sea espectacular, por  demostrar felicidad y amor. Festividad inscripta en el imaginario salteño como un acontecimiento especial, donde la familia tiene ocasión de construir apariencias y hacer gala de su poder adquisitivo.

En el otro universo social y cultural no hay espectacularidad, lo extraordinario se oculta en cada partícula de lo cotidiano. Distintos recursos son empleados para mostrar y recrear una noción integral de belleza, que se nutre del vínculo singular con la naturaleza, habitando en el canto de los pájaros, en el sonido del río y en la comunicación con el monte. Perceptible en la quietud contemplativa, en el silencio, en el eco de antiguas voces donde se establece la conexión espiritual con los ancestros y la memoria comunitaria. Resuena en los recuerdos de Yolanda: “Los ancianos piensan que el cielo, el viento, los arboles y que todas las cosas de la tierra merecen nuestro respeto porque somos parte de ella”.

En su narrativa, la película crea el ritmo y atmósfera donde lo wichí puede emerger con magia y poética. Pero esa recreación de sentidos se alcanza no sólo mediante el riguroso trabajo de observación y con una mirada sensible, sino también tendiendo puentes comunicativos para trasvasar las fronteras culturales. Que el proyecto cinematográfico se convierta en trabajo colectivo, donde los asesores y especialistas técnicos no sean los únicos que desempeñen roles de importancia, y que llegue a ser apropiado por las comunidades, han sido los mayores desafíos. En esa dirección, la apuesta por la interculturalidad se sostuvo como consigna pero también demarcó un camino y un modo de hacer.

Cada una de las etapas transitadas, desde la definición del proyecto y replanteamiento del guión, hasta la selección de actores, el rodaje y la postproducción, implicaron la activa intervención e involucramiento de integrantes de distintas comunidades indígenas. Los textos, escritos primero en español y luego traducidos al wichí, demandaron la participación de especialistas bilingües, intérpretes y traductores.

La intención de aportar al diálogo no jerarquizado entre culturas que orienta la película se reafirma ahora en su última instancia, a la hora de su presentación y estreno oficial.  Nosilatiaj retornará al lugar donde surgió, para proyectarse en las comunidades del Chaco y desde allí recién se abrirá paso hacia las salas de la capital salteña y el resto del país.

La dominación por la muerte

Los femicidios son la cara más cruenta de la violencia de género, se trata del asesinato violento de una mujer por un varón que la considera de su propiedad.

MARÍA LAURA POSTIGLIONE*

En nuestra provincia en los últimos meses hemos asistido a una escalada en casos de violencia hacia las mujeres y femicidios. Al mismo tiempo, se dio una mayor visibilidad a través de los medios de comunicación. Casos tan emblemáticos y dolorosos como el doble crimen de las francesas, el femicidio de Cintia Fernández o el hallazgo de restos óseos de mujeres en Cafayate y Pichanal. También se registró un incremento de denuncias de violencia en los tribunales locales.
Asimismo, destacamos como parte del actual estado de situación que Salta encabezó el año pasado las cifras de femicidios, registrándose 19 casos, quedando en cuarto lugar nacional, pero respecto a la cantidad de población en el primero. Los femicidios son la cara más cruenta de la violencia de género, se trata del asesinato violento de una mujer por un varón que la considera de su propiedad.
¿Y por qué decimos que la violencia es de género? Principalmente por dos motivos, uno cuantitativo y otro, quizá el más importante, relacionado con su causa.
En cuanto al primero, podemos decir que la enorme mayoría de casos de violencia registrados tienen como víctima a mujeres. Esto surge de los datos aportados por el Poder Judicial de Salta. Lo mismo sucede a nivel nacional, donde según datos del Observatorio de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de abril de 2012, el sesenta y dos por ciento de las víctimas son mujeres, mientras que el dieciséis por ciento niños quince por ciento niñas en tanto que sólo un siete por cientocorresponde a varones.
En cuanto a lo segundo, pondremos, previamente, en claro algunos conceptos. Cuando hablamos de género y proponemos incorporar la perspectiva de género como una forma de observar e intervenir en la realidad estamos haciendo alusión a las construcciones sociales, roles, lugares y atribuciones que se asignan a varones y mujeres y que, basadas en un dato biológico, se transforman en desigualdad social.
En tanto, decimos que patriarcado es el conjunto de creencias, valores y costumbres que sustentan la desigualdad. La teórica feminista Heidi Hartmann (1980) lo define como “el conjunto de relaciones sociales entre los varones, relaciones que, si bien son jerárquicas, establecen vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos para dominar a las mujeres” .
Poniendo en limpio: la violencia de la que estamos hablando tiene como fundamento un determinado sistema de creencias que colocan a la mujer en un lugar de subordinación, que se reproduce con el transcurso del tiempo de generación en generación y seguirá reproduciéndose en tanto no se problematice.
Analizar estas consideraciones previas, de cantidad de denuncias y de su causa u origen en verdad nos tiene que servir para encuadrar correctamente la violencia. Muchas veces existe reticencia para hablar de violencia de género, este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, que se basa en una relación desigual de poder (ley 26487). La  importancia de su correcto encuadre radica en que se podrá realizar un adecuado abordaje, más certero.

Evangelina Aybar

No es casual, entonces, que en Salta, provincia con una cultura arraigadamente conservadora se den esta clase de fenómenos. Donde sus altos cargos ejecutivos, por su parte, niegan permanentemente que esto esté pasando, y constantemente reiteran que tenemos la más baja tasa de criminalidad del país.
¿Cómo hacer para disminuir las cifras alarmantes de violencia de género?
En primer lugar, reconociendo el problema, entendiendo su causa y origen.
Luego, haciendo prevención. Pero no cualquier tipo, no de aquella que exhibe lugares comunes, sino un mensaje destinado a promover valores equitativos en cuanto al género, que deconstruya la visión de que las mujeres podemos ser pasibles de pertenecer a alguien, que podemos ser objeto de malos tratos, que tenemos que responder sexualmente a los varones, porque así lo dicta la naturaleza. Tenemos que hablar –sobre todo con los más jóvenes- de que controlar los mensajes en el celular, decir cómo nos debemos vestir y como no, con quienes podemos o no podemos hablar, son signos de que algo malo está pasando y que eso no es normal, es la antesala de una relación de violencia. En Salta dado que no se aplica la ley nacional 26150 –de educación sexual integral- nuestros adolescentes, niños y niñas no cuentan con herramientas para entender esta problemática, menos para prevenirla y erradicarla. Además, se siguen transmitiendo mensajes machistas, tanto a través de los medios de comunicación como de la reproducción cultural de costumbres, hábitos y modos de pensar, los cuales lejos de problematizar el patriarcado, lo refuerzan.
Por otra parte, como siempre lo decimos, deben mejorarse los sistemas de asistencia a las víctimas y la administración de justicia. Entendemos que hay por parte de algunos/as funcionarios, profesionales y técnicos el compromiso necesario para ello. Sin embargo, en las altas esferas persiste una mirada que niega que se trate de un problema social grave, y sólo se limita a encuadrar a la violencia como “familiar”, es decir, definiendo la violencia por el ámbito donde sucede o por el vínculo entre víctima y victimario. Esto no es arbitrario, está así definido en la ley provincial 7403 (2006), de protección integral a las víctimas de violencia familiar. Creemos que se debe ampliar la mirada por varias razones: porque está plenamente vigente en la provincia la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará (1994) y la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), dos de las normas más importantes que imprimen una mirada de género a este problema social.
Para concluir, reiteramos nuestra convicción de que es fundamental incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia. La ciudadanía salteña está sensibilizada con la problemática, pero es fundamental que se explicite cuál es la causa de este flagelo y se promuevan nuevos modelos sociales de feminidades y masculinidades en pos de una mayor equidad. Finalmente, creemos que tenemos que involucrarnos todos y todas, pues no podrán verse cambios sin una amplia participación social y un fuerte compromiso estatal.

* Abogada (UBA), Especialista en Abordaje de Problemáticas Sociales (UNLa)
Coordinadora de MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana.

Otros Territorios, otra vez

Desde el sábado 4 de agosto de 2012, el primer sábado de cada mes, gratis con el Nuevo Diario de Salta.

Megajuicio: “se sabía que los detenidos no aparecían más”

Un testigo aseguró ayer que en marzo de 1976 logró salvar a su hermano gracias a que conocía al mayor Juan Carlos Grande y éste ordenó liberar al detenido. Dijo que con su madre, Carmen Rosa Vásquez, estaban muy preocupados al saber que su hermano estaba en la Central de Policía porque había rumores de que los detenidos “no aparecían”.
Héctor Alfredo Mamaní fue el primero en declarar ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, que juzga a veinte hombres acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas en el marco del terrorismo de Estado.  En 1974 y 1975 Mamaní cumplió el servicio militar en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141, con asiento en Salta. Según contó, junto a otros cinco soldados, estuvo a cargo de la custodia del mayor Juan Carlos Grande, quien en 1975 participó del Operativo Independencia en Tucumán y luego fue subjefe (designado por decreto 2201, el 17 de septiembre de 1976, según consta en el libro Tropiezos de la Memoria, del abogado David Leiva) y jefe de la Policía de Salta (designado por decreto 3878, del 28 de diciembre de 1976).
Mamaní aseguró que gracias a que conocía a Grande pudo recuperar a su hermano, Ernesto Luis Mamaní, quien había sido detenido cerca de la medianoche del miércoles 24 de marzo de 1976, liberado al mediodía del 25 y nuevamente detenido esa misma tarde, cuando estaba en su trabajo, en la empresa Coca Cola.
Ernesto Mamaní contó que fue detenido porque todavía conservaba un boleto del denominado Tren de la Liberación, que en 1973 llevó a manifestantes que iban a esperar el general Domingo Perón en Ezeiza. Eso pasaje bastó para que los policías lo calificaran de “extremista, subversivo”, como lo presentaron en Infantería, en la Central de Policía, donde debió permanecer mirando hacia la pared, de pie, hasta las 7 de la mañana del 25 de marzo, la hora en que llegó el oficial Nieva, de Contralor General, quien le tomó una declaración y lo dejó encerrado en una celda “chiquita” hasta que a alrededor de las 13 lo liberaron.

“De acá no voy a salir vivo”
Esa misma tarde, alrededor de las 18, Mamaní fue detenido nuevamente. Nieva lo acusó de haberle mentido y bajo amenazas, le exigió que contara la verdad. Como Mamaní reiteraba su relato, lo golpeó en los oídos con las manos abiertas. Luego lo hizo quedar en pantalón y la camisa abierta y lo llevó a otra celda donde tuvo que ponerse contra la pared, con los brazos y piernas abiertos y en puntas de pie. El primer golpe lo tomó desprevenido y cayó: “Qué hago, pensé, parece que no voy a salir vivo de acá”. Se paró solo para recibir más golpes en medio de insultos y amenazas: “No vas a salir vivo de acá, te voy a picanear”. En eso entró otro policía, Mario Reinaldo Pachao, al que conocía porque jugaba en el equipo del Club Centro Policial, que ese año participaba por primera vez de la primera división. Pachao se ubicó del otro lado y ambos policías lo sometieron a una nueva tanda de golpes. Cuando caía, le decían que se parara porque si no lo iban a matar a golpes en el piso. Hasta que Mamaní se sintió vencido: “Mátenme si quieren matarme (…) Firmo lo que quieran, pero, por favor, denme agua; les pido por favor, denme agua”. Entonces lo sacaron y lo obligaron a quedar de cuclillas en puntas de pie. Más tarde dos policías lo llevaron a una celda donde solo podía estar de pie o sentado; afuera dejaron un balde de agua con la advertencia de que se la iban a arrojar encima si se dormía. Por la noche, uno de los policías le acercó un cartón: “Tratá de dormir algo”, le recomendó. Pero Mamaní se sentía ya “desahuciado”.
A las 3 o 4 de la madrugada escuchó “los alaridos de un hombre. No quise preguntar nada. Un policía me dice: ‘Escuchá, a ese lo están picaneando, Dios quiera que a vos no te hagan lo mismo porque no vas a aguantar’”. Al rato vio que dos policías llevaban a un preso, “no sé si estaba muerto, vivo, con el torso desnudo. ‘Mirá, ese es el que estaban picaneando’, me dice el policía”.
Al día siguiente Nieva le propuso que ubicara a Rosa Gutiérrez, que en 1973, siendo su novia, lo había acompañado a Ezeiza. A las 15 más o menos lo sacaron en una camioneta, entonces pudo ver su madre y a Héctor, y trató en vano de avisarles que iban a buscar a Rosa, a quien finalmente no encontraron, por lo que Nieva le advirtió que iba a seguir detenido, “no vas a salir de acá”, le repitió.
Pero la salida había sido la señal para que su hermano se animara a reclamarlo ante la Policía. Consiguió que el policía Víctor Zuppa, conocido del barrio y del trabajo en Ferrocarriles, le hiciera llegar a Grande su pedido para que lo atendiera: el militar lo recordaba y ordenó la inmediata libertad de Ernesto.
Héctor contó ayer que con su madre estaban muy preocupados “porque corría el rumor de que los detenidos así no aparecían. Más que (Ernesto) no estaba registrado en ningún lugar”. Recién cuando lo iban a liberar lo registraron como ingresado por averiguación de antecedentes, y le otorgaron la libertad inmediatamente.
La madre de ambos completó el relato: confirmó que después de preguntar en seccionales policiales y en la propia Central y recibir negativas acerca de la presencia de su hijo en una dependencia policial, se convenció de que estaba en la Central y decidió no apartarse porque temía lo peor: “Era muy peligroso eso”, aseguró, y completó la idea ante una pregunta del fiscal Ricardo Toranzos: era muy peligroso “porque se sabía lo que era eso: los llevaban y desaparecían los chicos”.


Otro policía sin memoria

El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió ayer que el sargento primero retirado Víctor Francisco Zuppa sea investigado por falso testimonio. El Tribunal decidió enviar las actuaciones al fiscal federal de turno.
Zuppa no solo negó haber hablado con Héctor Mamaní en la Central de Policía, sino que tampoco recordó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sostuvo que ese día no hubo ningún movimiento especial en la Central de Policía, a pesar de que ya está probado que el 24 hubo un ajetreo excepcional y que la Jefatura fue el lugar donde se amontonaron los detenidos antes de derivarlos a otros centros de detención.
El policía insistió en que él se desempeñaba en la Secretaría General y que no se enteraba de lo que pasaba en las dependencias vecinas. Y aseguró que “nunca” vio los calabozos en la Central.  

Tartagal era usada como “un campo de entrenamiento” por los militares

Varios de los testigos que declararon ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta aseguraron que en la década del 70 la ciudad de Tartagal fue utilizada como “un campo de entrenamiento” por las fuerzas represivas. Afirmaron también que el Ejército “era el cerebro” de estas actividades y de las actividades de represión que realizaban junto a Gendarmería Nacional y la Policía. Los testigos afirmaron también que en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, existía un grupo de tareas conocido como Rodillas Negras (porque tenían rodilleras de ese color), que operaba en todo el norte y se trasladaba en vehículos del Ejército. Siete personas declararon en el juicio que se lleva cabo en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial salteña por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas, hechos por los que están acusados 20 hombres, militares, policías y un civil. Reina Isabel Parada de Russo, esposa del empleado municipal René Russo (detenido por gendarmes y Rodillas Negras el 24 de marzo de 1976 y desaparecido en diciembre de ese año desde la Central de Policía de Salta), entregó al Tribunal una carta, fechada el 18 de agosto de 1976, en la que el entonces jefe del Ejército en Salta le informaba a la madre de Russo, Ana María Platero, que su hijo estaba detenido en la cárcel de Villa Las Rosas. Anery Osores y Francisco Osores, hermanos de Raúl Benjamín Osores, detenido por Gendarmería en abril de 1976 y que fue visto en la cárcel de Villa Las Rosas y en  la Central de Policía de Salta, describieron una Tartagal muy distinta de la que relató el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado por el secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña, cometido en diciembre de 1975. Ríos Ereñú fue jefe del Regimiento de Monte 28 desde el 9 de diciembre de 1975 y viene afirmando que durante los dos años de su gestión no hubo violaciones a los derechos humanos en Tartagal, que no supo de detenciones cuando se produjo el golpe de Estado (el 24 de marzo de 1976), que la ciudad era “tranquila” y fue una época “feliz”. Anery, que como militante de la JP alfabetizaba adultos en el humilde Tomás Ryan, recordó que con el golpe “ese barrio fue arrasado prácticamente”. “(Tartagal) no era una ciudad tranquila, el Ejército actuó con dureza en ese pueblo. Hubo muchos detenidos y hay muchas desapariciones”, afirmó la testigo. Añadió que los jefes militares “eran los cerebros. De ahí salían las órdenes para todos los órganos represivos de Tartagal” y que al Ejército le respondían Gendarmería y la Policía. El mismo 24 de marzo “se produjeron muchas detenciones en Tartagal, (fueron detenidos) la mayoría de los compañeros de la Juventud, los compañeros de Montoneros”. “Prácticamente el Ejército la tomaba a Tartagal como campo de entrenamiento para la lucha, como decían ellos, contra la subversión. Hacían simulacros, desplazamientos por las veredas, por los garajes, cubriéndose en los postes, y avanzan, y avanzan”, agregó su hermano, Francisco, quien también recordó a algunos jefes que pasaron por el Regimiento 28: Pucheta, Edgardo Parada, Ríos Ereñú, Cabello. Francisco Osores consideró que las desapariciones se concretaron de acuerdo a un propósito definido: “Han tratado de desarticular a la gente capaz de movilizar las voluntades de una sociedad para impulsar un proyecto que sirva a la mayoría. Por eso atacan a changos muy preparados”. Anery y Francisco, igual que los testigos que hablaron de Orán, aseguraron que la represión empezó antes del golpe. Por los dichos de otros testigos, Parada de Russo, Amado Barrios (militante comunista en Orán) y Eduardo Fernández Muiño (militante de la Juventud Peronista en Orán) quedó claro que ya en 1975 eran vigilados y “controlados”. Barrios sostuvo que el gendarme Juan Carlos Fonseca era un informante. Fonseca fue reconocido por Parada de Russo entre los que detuvieron a su marido. Barrios dijo que también eran vigilados constantemente por los Rodillas Negras, “un grupo de tareas del Ejército”, y recordó que a otro militante comunista, Mario Bernardino Luna, “lo seguían a todos lados” hasta que finalmente lo secuestraron y desaparecieron.   Escapar para entregarse Después de escapar de la represión el 24 de marzo de 1976 y de sobrevivir escondiéndose en los cerros con la ayuda de su compañero Efraín Villarroel, en cuya casa se higienizaba y alimentaba por las noches, Raúl Osores se entregó a Gendarmería en abril de 1976; creía que de esa manera aseguraba la libertad de su compañera, Pía Asunción Viltes, detenida el mismo 24 de marzo de 1976. Dolores Mauricia Torres, residente en Tartagal, la primera madre que declaró en un juicio en Salta, contó que su hijo Raúl se entregó un sábado en Embarcación; el domingo lo llevaron al Escuadrón 20 de Orán, adonde ella lo siguió y consiguió verlo. Regresó al domingo siguiente pero le dijeron que ya lo habían llevado a la ciudad de Salta. Ella llamó a su hija, Anery, que vivía en la Capital provincial: “Seguilo vos ahora”, le recomendó. Anery, que tenía 17 años, fue a buscarlo a la cárcel de Las Rosas, allí se enteró que estuvo en ese lugar y que fue torturado cada semana. Y por el relato de Lucrecia Barquet, también detenida y una de las más destacadas luchadoras por el esclarecimiento de estos hechos, supieron que fue trasladado a la Central de Policía con un grupo que iba a ser liberado; Lucrecia le entregó dinero para que el viaje al norte. Pero lo sacaron de la fila de los que iban a salir con la excusa de que tenía otra causa. Esa es la última noticia que se tiene de él. Tres años después Dolores escuchó, de boca de Pía Asunción, recién liberada de Villa Devoto, que su hijo había sido fusilado. Una versión similar, de un fusilamiento en el Tiro Federal (no se sabe si en Salta o en Tartagal) recibió años después Francisco Osores. Los hermanos Osores eran militantes de la JP. Raúl estaba en la rama gremial, era secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), Anery alfabetizaba adultos. Francisco era hachero y estudiaba matemáticas. 

Policías y gendarmes, la vigencia del pacto de silencio

Uno dijo que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado

Cinco testigos, ex integrantes de fuerzas de seguridad, volvieron a exhibir ayer* la vigencia del pacto de silencio que ligó a represores y sus colaboracionistas. Tres policías jubilados y dos gendarmes retirados fueron esta vez los repetidores de una fórmula ya conocida: la desmemoria o memoria selectiva, la reticencia a declarar, y el temor a resultar acusados como partícipes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el suboficial mayor de la Policía Alejandro Chiliguay sea investigado por falso testimonio. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal dejó pendiente la resolución. Pero es posible que Chiliguay termine siendo investigado por hechos más graves que un falso testimonio. Es que durante la dictadura cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue el sumariante de los cuatro secuestros cometidos en esa ciudad entre el 9 de abril y el 31 de mayo de 1976, de los que fueron víctimas las hermanas Francisca Delicia (conocida como Elsa) y Carmen Berta Torres, el soldado Nolberto Guerrero y su amigo, el estudiante secundario Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo. Ayer el sumariante no recordó prácticamente nada; lo justificó por el paso del tiempo, sin embargo, tampoco recordó lo que había declarado en 2010, en la instrucción, para enojo del fiscal. En medio de su desmemoria reconoció que un secuestro era considerado un caso “urgente”, pero luego no pudo explicar por qué entonces el pedido de búsqueda de las hermanas Torres se hizo recién el 7 de mayo, cuando Elsa había sido secuestrada de la municipalidad de Güemes el 9 de abril y a Berta la habían sacado de su casa el 28 de abril. Chiliguay tampoco pudo explicar por qué estos secuestros, de los que (según sus propios dichos) nada sabían, fueron informados al Juzgado Federal y no a un juzgado de provincia, como normalmente correspondía. Y para explicar por qué fueron puestos en conocimiento de la Dirección de Seguridad (a cargo entonces del represor Joaquín Guil), dijo que se informaban todas las actuaciones, hasta por los más mínimos delitos, como el hurto “de 2 pesos”. El que también podría quedar implicado es el suboficial principal retirado de Gendarmería Luis Silvano Sanaverón, que ayer llegó a decir que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Por entonces Sanaverón dependía del Escuadrón 20 de Gendarmería en Orán, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD). Era el encargado del Departamento de Armas y era el chofer que trasladaba a los detenidos a la ciudad de Salta. Ayer su memoria selectiva no le permitió recordar si el 24 de marzo de 1976 hubo más detenidos en el Escuadrón 20; pero sí recordó, con precisión indubitable, que “nunca” trasladó a un solo preso político. Dijo que solo realizó traslados de presos comunes, por narcotráfico y delitos menores. “No tengo conocimiento”, respondió cuando se le preguntó quién trasladaba a los presos políticos. Sanaverón declaró en relación a las detenciones del empleado municipal René Russo y del trabajador rural Raúl Osores. Russo fue detenido en Orán y Osores, en Embarcación. Ambos fueron torturados en el Escuadrón 20 y luego fueron llevados a la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta Capital, de donde desaparecieron. El gendarme retirado no los recordó. Sanaverón empezó bastante animado. “Juro decir la verdad. A eso he venido”, sostuvo cuando se le tomó el juramento de ley. Pero ahí nomás se despintó: aseguró que en 1977 comenzó a desempeñarse en el norte de Salta. El fiscal tuvo que recordarle que en 2004 había declarado en sede judicial y había dicho que estuvo desde 1976. Sanaverón no se amilanó: negó la declaración de 2004; pero enseguida, previa exhibición del acta con su firma, tuvo que desdecirse y reconocer que sí había declarado y sí había estado en Orán desde 1976. Entonces empezó a fallarle la memoria: no recordó dónde había estado el 24 de marzo de 1976 y, en tren de olvidarlo todo, olvidó hasta que hubo un golpe de Estado. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, lo despidió con una ironía: “Ha sido de mucha ayuda”, le dijo. El otro gendarme, Teodoro Cañizares, retirado con el grado de sargento primero, no se quedó atrás: “La verdad es que yo he perdido mucho la memoria”, advirtió de entrada, y añadió una sordera. De lo poco que respondió, dijo que trabajaba en el área de construcción del Escuadrón 20, que no vio más detenidos el 24 de marzo del 76, y no recordó ni el nombre de su comandante. “Yo trabajaba mucho en la construcción, no me percataba mucho de si había golpe o no”, se cerró. Mario Argañaraz, suboficial principal de la Policía y que trabajaba en Güemes, recordó, como los otros dos que declararon ayer, que el jefe de esa Comisaría era Julio Oscar Correa, quien está siendo juzgado por las desapariciones de las hermanas Torres, de Guerrero y Pizarro Gallardo. Sin embargo, a pesar de reconocer que en su vida solo investigó este secuestro, no recordó prácticamente nada del de Berta Torres. Dijo que solo habló con el vecino Domingo Gutiérrez, que lo convocó a declarar con el sumariante y no hizo más nada porque Chiliguay no le dio más instrucciones. El suboficial ayudante Emilio Zarzur adelantó que recordaba poco, que es hipertenso y tiene un problema sicológico derivado del fallecimiento de su madre. Dijo que tras el secuestro de las hermanas Torres el jefe mandó reforzar la guardia en la Comisaría, y que los secuestros causaron gran conmoción en Güemes. Ayer también declararon Antonia Dora Chauque, una vecina de la familia Torres, y la hermana de Felipe Pizarro Gallardo, Sara Ester Pizarro Gallardo, que en 1976 tenía diez años.



 *24-06-12

En el día del periodista, debatimos sobre periodismo y compromiso

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) ha elegido este año celebrar el Día del Periodista recordando especialmente a nuestro compañero Héctor Luciano Jaime, asesinado por el terrorismo estatal en febrero de 1975. Y, dado que Luciano vivió el periodismo como un compromiso, hemos decidido celebrar el día con una charla debate sobre “Periodismo comprometido con su tiempo”. La elección, y la organización de la actividad, es compartida con la Comisión Mega Causa Salta (que reúne a militantes de derechos humanos y a querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en Salta) y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Los esperamos este jueves a las 18.30 en el Museo Casa de Hernández (La Florida y Alvarado) para compartir un momento de reflexión sobre nuestro trabajo. Quisimos recordar especialmente a Luciano porque se está llevando a cabo el juicio en contra de los dos represores acusados de haber participado de su asesinato: el ex comisario general Joaquín Guil y el ex militar Miguel Raúl Gentil. Interpretamos que es nuestra obligación rescatar el compromiso de Luciano Jaime. Por su compromiso Luciano Jaime es una fuente de inspiración y su trabajo sigue ofreciendo un punto de partida desde el cual poder observar la actuación del periodismo en la actualidad y la situación de quienes trabajamos en la prensa. Por eso dedicamos este día del periodista a recordarlo y a reflexionar sobre nuestra tarea. “El periodismo comprometido con su tiempo. El camino de Luciano Jaime. Periodismo militante u objetivismo en la comunicación”, es la propuesta para debatir. Hemos pedido a tres colegas que den el punto de partida para ese debate: Georgina Torino, integrante del equipo de comunicación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, nos contará sobre este trabajo y lo que implica para comunicadores y periodistas haber tomado la decisión de realizar esta tarea de compromiso; Gregorio Caro Figueroa, historiador y periodista, nos hablará sobre Luciano Jaime, a quien conoció. Y Martín Van Dam, periodista y docente de la Universidad Nacional de Salta, hablará sobre “periodismo militante y objetivismo en el periodismo”. Consideramos que los y las periodistas tenemos que acompañar el reclamo de justicia por el homicidio de Luciano Jaime, que ya lleva 37 años de impunidad, a pesar de que siempre se supo dónde estaban –están- los culpables. El crimen contra Luciano Jaime, asesinado por atreverse a asegurar lo que todos sabían: que en 1975 la policía secuestraba, torturaba y mataba a militantes políticos, es un crimen contra toda la prensa, particularmente la salteña. Por eso somos querellantes en el juicio y exigimos que la justicia se pronuncie sobre su muerte. Sin embargo, no es su muerte lo que constituye a Luciano Jaime, sino su vida, y el sentido que le dio. Por eso, celebramos el Día del Periodista, y lo recordamos con alegría, porque nos fortalece. El recuerdo de Luciano Jaime no nos permite olvidar la actualidad del ejercicio periodístico. Estamos en un momento en que hay agresiones verbales y físicas contra los trabajadores de prensa. Y hay colegas que están trabajando en condiciones laborales no adecuadas y a quienes no se les reconocen sus derechos. Es parte de la problemática de nuestro trabajo, y debe ser parte de nuestras reflexiones y debates. Para mejorar nuestras condiciones de trabajo, para cumplir un mejor servicio. Elena Corvalán   

El Estado colaborará con comunicadores populares

El Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Ministerio de Desarrollo Social firmaron un convenio por el que se comprometen a colaborar mutuamente para asistir a los comunicadores populares.

La firma se realizó el pasado sábado, en el marco de la muestra tecnológica INTA Expone Región NOA, realizada en Cerrillos los días 20, 21 y 22 de abril. El acto protocolar fue el cierre de un encuentro de comunicadores populares de la región NOA, propiciado por el área de comunicación del INTA.

Los integrantes de distintas iniciativas de comunicación se presentaron y contaron brevemente sus experiencias. Estuvieron los Artistas Autoconvocados de Orán (siempre destacables, sobre todo porque cerraron la primer parte del encuentro con la presentación de una obra sobre el dengue, con un final que hizo bailar a la concurrencia), estuvimos los del colectivo editorial Otros Territorios; estuvieron representantes de varias radios comunitarias de Santiago del Estero (entre ellas una radio itinerante y la Red de Radios Base del departamento Figueroa), los hacedores del periódico El Coyuyo (también de Santiago), los comunicadores populares que hacen radio abierta en La Ramada, Tucumán, los hacedores de Radio ROST (Red Orgánica Solidaria de Tucumán).

Martín Segura, del área de comunicación del INTA, destacó la presencia de los comunicadores populares, a la que se agrega ahora la del Estado. “Hoy la gran oportunidad es que el Estado está presente”, señaló. Sostuvo que la firma del convenio es un reconocimiento de los órganos públicos de las experiencias de comunicación popular.

De la firma participaron la subsecretaria de Política Alimentaria de la Nación, Liliana Pierotti; el presidente y el director general del INTA, Carlos Casamiquela y Eliseo Monti, y el coordinador general y el coordinador de Planeamiento de la AFSCA, Fernando Pérez y Luis Lázzaro.

El acuerdo es la formalización de una línea de trabajo que ya vienen poniendo en práctica el INTA, Desarrollo Social y la AFSCA. Un ejemplo es la ROST, que “viene desarrollando experiencias de comunicación que potencian y fortalecen a las organizaciones que la conforman promoviendo el intercambio de saberes, recuperando la historia, socializando el conocimiento en sus diferentes líneas de acción: soberanía alimentaria, la economía social, educación y salud”, según reseña la Red. La ROST también vincula las acciones del Ministerio de Desarrollo Social con las de la Estación Experimental del INTA en Famaillá, el programa Pro Huerta en Tucumán y la AFSCA con el propósito de facilitar la obtención de licencia a radios comunitarias de baja potencia que sean gestionadas por huerteros y productores familiares.

Precisamente, el convenio firmado el sábado, explicó Segura, reconoce el trabajo de los comunicadores populares y el impacto de ese trabajo, reconoce que hay técnicos de los organismos públicos nacionales que vienen acompañando a los comunicadores populares y abre una posibilidad para acompañar este trabajo. Una de esas posibilidades es, se explicó durante el encuentro, la de facilitar la obtención de licencias a los medios comunitarios; otra posibilidad es el financiamiento de proyectos de comunicación popular, y otra es la capacitación y el acompañamiento técnico para lograr que esos proyectos sean sostenibles. Todas acciones que ayudan a cumplir con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que prevé que el 33 por ciento del espacio radioeléctrico sea otorgado a medios comunitarios.

Audio de Flora Yáñez, campesina de Corral de Piedras, Jujuy. Coplera, de visita en Salta. 
http://www.ivoox.com/flora-yanez-audios-mp3_rf_1190632_1.html

Celso Yañez, presidente de campesinos de Corral de Piedra, de Jujuy. Entrevistado por el comunicador popular Bernardo Tévez, campesino de Santiago del Estero, y por la comunicadora popular Ana María Pereyra, de FM Creativa, de Santiago del Estero.

http://www.ivoox.com/celso-yanez-audios-mp3_rf_1190693_1.html

Las tentaciones de Romero

La decisión de la Corte de Justicia de la Nación de revocar (en diciembre último) la medida cautelar que impedía los desmontes en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria en Salta (un desencanto más para los habitantes de esos lugares) generó en otros sectores de la sociedad salteña afirmaciones de cinismo descarnado.

Uno que expresó su euforia fue el ex gobernador Juan Carlos Romero, en cuyos gobiernos se autorizaron desmontes en más de 800 mil hectáreas de bosques nativos. Tras la caída de la cautelar el ahora senador nacional (Peronismo Federal) no resistió la tentación de aleccionar a los ministros de la Corte Suprema y de mostrarse como un conocedor, y defensor, de los habitantes del norte provincial. En ese plan llegó a afirmar que los pueblos originarios del Chaco salteño están sumidos en la pobreza por culpa de esa medida, que (sic) “prohibió el corte hasta de las ramas de los árboles”. “Los afectados primarios (por la cautelar) no fueron voraces terratenientes ávidos de lucrar con los recursos naturales. No; las víctimas fueron los más pobres aborígenes impedidos de cortar cualquier árbol, chico o grande, de las reducidas parcelas donde están asentados. Los que se quedaron sin trabajo no fueron ejecutivos de la City porteña o ‘CEOs’ de empresas multinacionales, sino los más humildes hacheros que cuentan con lo que pueden apilar cada día para comer algo, ellos y su familia”, aseguró en una columna de opinión que publicó en su diario el 19 de diciembre del año pasado.

Romero pretende arrogarse ahora ser el vocero de los campesinos pobres (indígenas y criollos) a los que sistemáticamente ignoró (cuando no reprimió) durante sus tres mandatos en el gobierno de Salta.

Sin embargo, a despecho de lo que el ex gobernador y El Tribuno describen como realidad, esos humildes fueron precisamente los que impulsaron la cautelar en 2008. Y son los mismos que siguen preocupados por los desmontes y que esta semana pidieron al ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Alfredo de Ángelis, que les dé información sobre las autorizaciones dadas para esta actividad.

La Coordinadora Zonal de Tierra Ruta Nacional 81, que reúne a organizaciones de base de campesinos del Chaco salteño, le pidió al ministro un detalle de la cantidad de hectáreas de desmontes autorizados y la ubicación geográfica de esos desmontes, que dé a conocer un mapa territorial de los departamentos San Martín y Rivadavia, el nombre de las personas con permisos de desmontes; que brinde el detalle de las solicitudes de desmontes y de recategorización presentadas hasta el momento y que difunda las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para debatir la autorización de desmontes.

Desde que el 29 de diciembre de 2008 (con una ampliación el 26 de marzo de 2009) la Corte Suprema accediera al pedido de comunidades indígenas y criollas y suspendiera preventivamente los desmontes en los cuatro departamentos mencionados, el diario El Tribuno, y la dirigencia de la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta, han tratado de convencer de que esa medida (y la ley de protección de los bosques nativos) generó el desempleo y la pobreza en el norte salteño.

Un discurso que no coincide con el de las organizaciones campesinas. La Coordinadora explicó que el pedido de informes al ministro está motivado en el incremento de desmontes que aprecian en el Chaco salteño luego de la caída de la cautelar, por lo que temen repetir “experiencias pasadas” en las que “en pos de un supuesto desarrollo para la región se vuelvan a producir los desmontes indiscriminados, el no cumplimiento de las leyes y reglamentos, (la) ausencia del estado provincial como garante y fiscalizador y los atropellos a nuestras familias que viven en el monte chaqueño, terminando como siempre ha ocurrido en avasallamiento de nuestros derechos posesorios en nuestras tierras”. 

Luego de la cautelar buena parte de los medios de comunicación de la provincia (entre ellos los de la familia del ex gobernador, un diario, una radio de amplitud modulada y varias de frecuencia modulada) hablaron de despidos y dificultades económicas derivadas, afirmaban, de la paralización de los desmontes.

La realidad no se condice con ese discurso. Aunque la medida de la Corte Suprema disminuyó las explotaciones forestales y la deforestación con fines de agricultura o ganadería, cualquiera que haya recorrido el Chaco salteño sabe que nunca estuvieron estrictamente paralizados. Aunque disminuidas, estas actividades siguieron, alentadas por la falta de capacidad, o de decisión, del estado provincial para hacer cumplir la orden suprema.

La continuidad de los desmontes fue denunciada reiteradamente por pueblos originarios y pequeños productores. Precisamente, la ampliación de la cautelar dictada en marzo de 2009 surgió luego de que campesinos e indígenas informaran que “han continuado los desmontes que debían estar detenidos desde el mes de diciembre del año 2008”. En ese año hubo deforestaciones en las fincas La Maravilla, en las cercanías de Campo Durán, al norte de Tartagal, y El Chilcar, por un total de 9.540 hectáreas. Con el agravante de que estos montes habían recibido la categoría II (amarillo) en el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos acordado por el gobierno provincial como consecuencia de la ley de bosques, es decir que correspondía que fueran conservados aunque sea en parte. Además, los desmontadores violaron el decreto provincial 2789, dictado por el gobernador Juan Manuel Urtubey en el marco del proceso de amparo, que establece que mientras está vigente la ley nacional 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, “no podrán ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización en aquellas propiedades incluidas en la categoría II”.

Y después de la ampliación de la cautelar los desmontes siguieron, como lo señalaron (exhibiendo mapas satelitales) en agosto de 2011 docentes, investigadores y estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), quienes elevaron un petitorio al gobernador, los legisladores provinciales y los ministros, en un nuevo intento para que reflexionaran sobre el grave daño que estas actividades extractivas están produciendo al ambiente y a los habitantes “desde épocas pretéritas” de esas tierras, por años olvidadas y que en los últimos años han adquirido interés de la mano de la expansión de los cultivos extensivos.

Cálculos de integrantes de la Mesa de Tierras, basados en imágenes satelitales, sostienen que durante la vigencia de la medida cautelar, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2011, se desmontaron 33.500 hectáreas de bosques nativos en los departamentos Orán y San Martín. Hay más: estos desmontes estarían todos en la zona de categoría II.

La culpa de ser campesino o indígena

Los docentes, investigadores y estudiantes de la UNSa también llamaron la atención sobre la mala práctica de algunos medios de comunicación en los que “se han intensificado elaboraciones discursivas que relacionan causalmente la pobreza, el hambre, el deterioro de la salud, la desocupación y la migración a las ciudades de gran parte de la población sobre la base de una supuesta ‘paralización productiva’” en el departamento San Martín “atribuyéndole la responsabilidad a la promulgación de la ley 26331/07, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió la paralización de los desmontes”. Resaltaron también otra línea argumental en esos medios, la de “culpabilizar a las víctimas por continuar con sus prácticas culturales. Línea argumental que se reitera continuamente sin que hayan sido tratados con la rigurosidad que el tema exige. Tales afirmaciones generan confusión en la opinión pública, ocultando que en el fondo responden a intereses económicos particulares y concretos, y que se llevan a cabo atravesando distintos gobiernos desde hace varias décadas”.

El documento de los docentes, investigadores y estudiantes, que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNSa acompañó por resolución 1036/11, se funda en datos de la Estación Experimental del INTA Salta para demostrar que no solo no es cierto que se haya paralizado la producción en San Martín, sino que, por el contrario, “en los últimos diez años se ha incrementado de manera sostenida la superficie sembrada”. Los datos del INTA (http://www.inta.gov.ar/prorenoa/info/monitoreo.htm) muestran que durante la vigencia de la cautelar aumentó la superficie cultivada en ese departamento: se pasó de 224.320 hectáreas en la campaña 2008/2009 a 279.190 hectáreas en la campaña 2010/2011. Considerados por tipo de producción, en la campaña 2008/2009 se sembraron 124.190 hectáreas de soja y en la campaña 2010/2011, 131.690 hectáreas, es decir, 7.400 hectáreas más. Mucho mayor fue el incremento en la siembra del maíz: se pasó de 12.580 hectáreas a 37.350, lo que refleja un aumento de 24.770 hectáreas. En el mismo lapso el aumento de superficie sembrada con poroto fue de 17.940 hectáreas (de 87.450 hectáreas a 105.390).

Sobre la producción de la soja, cultivo en el que se utilizan más agroquímicos, los docentes, investigadores y estudiantes subrayan que estos cultivos se realizan hasta muy cerca de la residencia de muchas familias indígenas y criollas que por ello están “a merced de aplicaciones aéreas. No pueden ignorarse graves problemas de salud aparejados, que manifiestan pobladores y trabajadores de la salud y que coincide con lo expresado en el informe final del Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados realizado en agosto de 2010 en la Universidad de Córdoba”, recordaron.

El documento aborda la cuestión central en esta disputa: quién se queda con los beneficios y quién paga los costos de estas actividades que utilizan bienes naturales. ¿La deforestación, el aumento de las siembras brinda beneficios a los habitantes de añares en esas tierras? ¿Conlleva una mejora en su calidad de vida? ¿beneficia al resto de la sociedad? Son preguntas pertinentes que hasta ahora no han sido respondidas, o intentan ser respondidas con afirmaciones que la realidad se empecina en desmentir.

En el documento se alerta sobre los riesgos de destinar cultivos a la fabricación de combustibles, para lo que se usan “tierras en donde viven personas que sufren hambre y a las que se les ha quitado todo derecho a ejercer su soberanía alimentaria. Estos emprendimientos, de dudosa sostenibilidad, solo benefician a unas cuantas empresas sin considerar el impacto en la calidad de vida de la población local”.

“Los desmontes expulsan, desalojan y acorralan a las poblaciones indígenas y campesinas que viven de los recursos del monte y que además tienen una relación cultural y espiritual con la tierra”, afirma el documento que se toma el trabajo de aclarar lo sabido por los gobernantes salteños, pasados y presentes: “La pobreza estructural y muertes por hambre en esta zona (una de las más pobres del país) no son de hoy, pero se ha visto agudizada por los procesos intensos de expropiación de medios de subsistencia básicos para la vida que brindaba el bosque y su agua”.

Como advirtió recientemente la delegada en Salta de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Cristina Sanz, éste está lejos de ser un problema rural: es un problema de toda la sociedad. Los campesinos, criollos e indígenas, desalojados (por procesos violentos o porque la vida se les hace imposible en el lugar que siempre ocuparon) se ven obligados a asentarse en zonas periurbanas y se convierten así en demandantes de servicios y ayuda social en vez de seguir siendo una fuerza de trabajo autosustentable y productora (o potencial productora) de alimentos orgánicos.

El documento de la UNSa se detiene en la ignorancia y el desprecio que demuestran algunos funcionarios provinciales (y medios) respecto de la cultura de este sector de la población argentina. Se trata, sostiene, de “poblaciones que llevan siglos resistiendo todos los intentos de exterminio o integración y destrucción de su cultura, sin embargo, según las declaraciones de algunos funcionarios, el verdadero problema está en su cultura, es decir, en las propias víctimas”. “Para estos funcionarios, no se trata de un problema social, debido al despojo, la deforestación, la concentración de la tierra, la apropiación de altas rentas por parte de sectores de poder, sino que es meramente un problema cultural de estas poblaciones y su solución se circunscribe a intervenciones pedagógicas y sanitarias”. Observaciones éstas, como bien lo señala el documento, que además de invisibilizar las razones que impiden a estas personas acceder a los recursos para su subsistencia, “son discriminatorias porque parte de un inconfesable supuesto de inferioridad cultural”. Afirmaciones que “demuestran, en muchos casos, una crasa ignorancia de los procesos históricos desarrollados en la región y de las características de una economía tradicional en consonancia con el ambiente, hoy permanentemente agredido y en franco deterioro”.

Después de pedir que las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura “no se basen en sensaciones o presiones corporativas, sino en la realidad de datos provenientes de información generada por instituciones científicas acreditadas”, el documento finaliza con una advertencia: “De continuar con una política que no tenga en cuenta estos aspectos, los efectos serán cada vez más graves, más allá de la bonanza económica que pudiera generar para algunos pocos”.

En otros términos, la Coordinadora Zonal de la Tierra Ruta Nacional 81, hizo una advertencia similar: “Si esta situación volviera a repetirse”, dijo refiriéndose al gran número de desmontes hasta antes de la cautelar caída en diciembre de 2011, “estaríamos ante un quiebre peligroso de la paz social de nuestra región”. Palabras que, aunque persistentes, no alcanzan a describir la tristeza de criollos e indígenas que ven perderse sus montes y tierras. Tampoco es posible, aquí, ahora mismo, describir la impotencia que cualquiera puede apreciar en sus rostros y sus gestos con solo detenerse el tiempo suficiente para reconocerlos como pares y no como extraños a los que hay que incorporar al “progreso” de la “civilización”.

Elena Corvalán

Salta, 15 de abril de 2012