La decisión de la Corte de Justicia de la Nación de revocar (en diciembre último) la medida cautelar que impedía los desmontes en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria en Salta (un desencanto más para los habitantes de esos lugares) generó en otros sectores de la sociedad salteña afirmaciones de cinismo descarnado.
Uno que expresó su euforia fue el ex gobernador Juan Carlos Romero, en cuyos gobiernos se autorizaron desmontes en más de 800 mil hectáreas de bosques nativos. Tras la caída de la cautelar el ahora senador nacional (Peronismo Federal) no resistió la tentación de aleccionar a los ministros de la Corte Suprema y de mostrarse como un conocedor, y defensor, de los habitantes del norte provincial. En ese plan llegó a afirmar que los pueblos originarios del Chaco salteño están sumidos en la pobreza por culpa de esa medida, que (sic) “prohibió el corte hasta de las ramas de los árboles”. “Los afectados primarios (por la cautelar) no fueron voraces terratenientes ávidos de lucrar con los recursos naturales. No; las víctimas fueron los más pobres aborígenes impedidos de cortar cualquier árbol, chico o grande, de las reducidas parcelas donde están asentados. Los que se quedaron sin trabajo no fueron ejecutivos de la City porteña o ‘CEOs’ de empresas multinacionales, sino los más humildes hacheros que cuentan con lo que pueden apilar cada día para comer algo, ellos y su familia”, aseguró en una columna de opinión que publicó en su diario el 19 de diciembre del año pasado.
Romero pretende arrogarse ahora ser el vocero de los campesinos pobres (indígenas y criollos) a los que sistemáticamente ignoró (cuando no reprimió) durante sus tres mandatos en el gobierno de Salta.
Sin embargo, a despecho de lo que el ex gobernador y El Tribuno describen como realidad, esos humildes fueron precisamente los que impulsaron la cautelar en 2008. Y son los mismos que siguen preocupados por los desmontes y que esta semana pidieron al ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Alfredo de Ángelis, que les dé información sobre las autorizaciones dadas para esta actividad.
La Coordinadora Zonal de Tierra Ruta Nacional 81, que reúne a organizaciones de base de campesinos del Chaco salteño, le pidió al ministro un detalle de la cantidad de hectáreas de desmontes autorizados y la ubicación geográfica de esos desmontes, que dé a conocer un mapa territorial de los departamentos San Martín y Rivadavia, el nombre de las personas con permisos de desmontes; que brinde el detalle de las solicitudes de desmontes y de recategorización presentadas hasta el momento y que difunda las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para debatir la autorización de desmontes.
Desde que el 29 de diciembre de 2008 (con una ampliación el 26 de marzo de 2009) la Corte Suprema accediera al pedido de comunidades indígenas y criollas y suspendiera preventivamente los desmontes en los cuatro departamentos mencionados, el diario El Tribuno, y la dirigencia de la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta, han tratado de convencer de que esa medida (y la ley de protección de los bosques nativos) generó el desempleo y la pobreza en el norte salteño.
Un discurso que no coincide con el de las organizaciones campesinas. La Coordinadora explicó que el pedido de informes al ministro está motivado en el incremento de desmontes que aprecian en el Chaco salteño luego de la caída de la cautelar, por lo que temen repetir “experiencias pasadas” en las que “en pos de un supuesto desarrollo para la región se vuelvan a producir los desmontes indiscriminados, el no cumplimiento de las leyes y reglamentos, (la) ausencia del estado provincial como garante y fiscalizador y los atropellos a nuestras familias que viven en el monte chaqueño, terminando como siempre ha ocurrido en avasallamiento de nuestros derechos posesorios en nuestras tierras”.
Luego de la cautelar buena parte de los medios de comunicación de la provincia (entre ellos los de la familia del ex gobernador, un diario, una radio de amplitud modulada y varias de frecuencia modulada) hablaron de despidos y dificultades económicas derivadas, afirmaban, de la paralización de los desmontes.
La realidad no se condice con ese discurso. Aunque la medida de la Corte Suprema disminuyó las explotaciones forestales y la deforestación con fines de agricultura o ganadería, cualquiera que haya recorrido el Chaco salteño sabe que nunca estuvieron estrictamente paralizados. Aunque disminuidas, estas actividades siguieron, alentadas por la falta de capacidad, o de decisión, del estado provincial para hacer cumplir la orden suprema.
La continuidad de los desmontes fue denunciada reiteradamente por pueblos originarios y pequeños productores. Precisamente, la ampliación de la cautelar dictada en marzo de 2009 surgió luego de que campesinos e indígenas informaran que “han continuado los desmontes que debían estar detenidos desde el mes de diciembre del año 2008”. En ese año hubo deforestaciones en las fincas La Maravilla, en las cercanías de Campo Durán, al norte de Tartagal, y El Chilcar, por un total de 9.540 hectáreas. Con el agravante de que estos montes habían recibido la categoría II (amarillo) en el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos acordado por el gobierno provincial como consecuencia de la ley de bosques, es decir que correspondía que fueran conservados aunque sea en parte. Además, los desmontadores violaron el decreto provincial 2789, dictado por el gobernador Juan Manuel Urtubey en el marco del proceso de amparo, que establece que mientras está vigente la ley nacional 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, “no podrán ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización en aquellas propiedades incluidas en la categoría II”.
Y después de la ampliación de la cautelar los desmontes siguieron, como lo señalaron (exhibiendo mapas satelitales) en agosto de 2011 docentes, investigadores y estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), quienes elevaron un petitorio al gobernador, los legisladores provinciales y los ministros, en un nuevo intento para que reflexionaran sobre el grave daño que estas actividades extractivas están produciendo al ambiente y a los habitantes “desde épocas pretéritas” de esas tierras, por años olvidadas y que en los últimos años han adquirido interés de la mano de la expansión de los cultivos extensivos.
Cálculos de integrantes de la Mesa de Tierras, basados en imágenes satelitales, sostienen que durante la vigencia de la medida cautelar, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2011, se desmontaron 33.500 hectáreas de bosques nativos en los departamentos Orán y San Martín. Hay más: estos desmontes estarían todos en la zona de categoría II.
La culpa de ser campesino o indígena
Los docentes, investigadores y estudiantes de la UNSa también llamaron la atención sobre la mala práctica de algunos medios de comunicación en los que “se han intensificado elaboraciones discursivas que relacionan causalmente la pobreza, el hambre, el deterioro de la salud, la desocupación y la migración a las ciudades de gran parte de la población sobre la base de una supuesta ‘paralización productiva’” en el departamento San Martín “atribuyéndole la responsabilidad a la promulgación de la ley 26331/07, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió la paralización de los desmontes”. Resaltaron también otra línea argumental en esos medios, la de “culpabilizar a las víctimas por continuar con sus prácticas culturales. Línea argumental que se reitera continuamente sin que hayan sido tratados con la rigurosidad que el tema exige. Tales afirmaciones generan confusión en la opinión pública, ocultando que en el fondo responden a intereses económicos particulares y concretos, y que se llevan a cabo atravesando distintos gobiernos desde hace varias décadas”.
El documento de los docentes, investigadores y estudiantes, que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNSa acompañó por resolución 1036/11, se funda en datos de la Estación Experimental del INTA Salta para demostrar que no solo no es cierto que se haya paralizado la producción en San Martín, sino que, por el contrario, “en los últimos diez años se ha incrementado de manera sostenida la superficie sembrada”. Los datos del INTA (http://www.inta.gov.ar/prorenoa/info/monitoreo.htm) muestran que durante la vigencia de la cautelar aumentó la superficie cultivada en ese departamento: se pasó de 224.320 hectáreas en la campaña 2008/2009 a 279.190 hectáreas en la campaña 2010/2011. Considerados por tipo de producción, en la campaña 2008/2009 se sembraron 124.190 hectáreas de soja y en la campaña 2010/2011, 131.690 hectáreas, es decir, 7.400 hectáreas más. Mucho mayor fue el incremento en la siembra del maíz: se pasó de 12.580 hectáreas a 37.350, lo que refleja un aumento de 24.770 hectáreas. En el mismo lapso el aumento de superficie sembrada con poroto fue de 17.940 hectáreas (de 87.450 hectáreas a 105.390).
Sobre la producción de la soja, cultivo en el que se utilizan más agroquímicos, los docentes, investigadores y estudiantes subrayan que estos cultivos se realizan hasta muy cerca de la residencia de muchas familias indígenas y criollas que por ello están “a merced de aplicaciones aéreas. No pueden ignorarse graves problemas de salud aparejados, que manifiestan pobladores y trabajadores de la salud y que coincide con lo expresado en el informe final del Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados realizado en agosto de 2010 en la Universidad de Córdoba”, recordaron.
El documento aborda la cuestión central en esta disputa: quién se queda con los beneficios y quién paga los costos de estas actividades que utilizan bienes naturales. ¿La deforestación, el aumento de las siembras brinda beneficios a los habitantes de añares en esas tierras? ¿Conlleva una mejora en su calidad de vida? ¿beneficia al resto de la sociedad? Son preguntas pertinentes que hasta ahora no han sido respondidas, o intentan ser respondidas con afirmaciones que la realidad se empecina en desmentir.
En el documento se alerta sobre los riesgos de destinar cultivos a la fabricación de combustibles, para lo que se usan “tierras en donde viven personas que sufren hambre y a las que se les ha quitado todo derecho a ejercer su soberanía alimentaria. Estos emprendimientos, de dudosa sostenibilidad, solo benefician a unas cuantas empresas sin considerar el impacto en la calidad de vida de la población local”.
“Los desmontes expulsan, desalojan y acorralan a las poblaciones indígenas y campesinas que viven de los recursos del monte y que además tienen una relación cultural y espiritual con la tierra”, afirma el documento que se toma el trabajo de aclarar lo sabido por los gobernantes salteños, pasados y presentes: “La pobreza estructural y muertes por hambre en esta zona (una de las más pobres del país) no son de hoy, pero se ha visto agudizada por los procesos intensos de expropiación de medios de subsistencia básicos para la vida que brindaba el bosque y su agua”.
Como advirtió recientemente la delegada en Salta de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Cristina Sanz, éste está lejos de ser un problema rural: es un problema de toda la sociedad. Los campesinos, criollos e indígenas, desalojados (por procesos violentos o porque la vida se les hace imposible en el lugar que siempre ocuparon) se ven obligados a asentarse en zonas periurbanas y se convierten así en demandantes de servicios y ayuda social en vez de seguir siendo una fuerza de trabajo autosustentable y productora (o potencial productora) de alimentos orgánicos.
El documento de la UNSa se detiene en la ignorancia y el desprecio que demuestran algunos funcionarios provinciales (y medios) respecto de la cultura de este sector de la población argentina. Se trata, sostiene, de “poblaciones que llevan siglos resistiendo todos los intentos de exterminio o integración y destrucción de su cultura, sin embargo, según las declaraciones de algunos funcionarios, el verdadero problema está en su cultura, es decir, en las propias víctimas”. “Para estos funcionarios, no se trata de un problema social, debido al despojo, la deforestación, la concentración de la tierra, la apropiación de altas rentas por parte de sectores de poder, sino que es meramente un problema cultural de estas poblaciones y su solución se circunscribe a intervenciones pedagógicas y sanitarias”. Observaciones éstas, como bien lo señala el documento, que además de invisibilizar las razones que impiden a estas personas acceder a los recursos para su subsistencia, “son discriminatorias porque parte de un inconfesable supuesto de inferioridad cultural”. Afirmaciones que “demuestran, en muchos casos, una crasa ignorancia de los procesos históricos desarrollados en la región y de las características de una economía tradicional en consonancia con el ambiente, hoy permanentemente agredido y en franco deterioro”.
Después de pedir que las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura “no se basen en sensaciones o presiones corporativas, sino en la realidad de datos provenientes de información generada por instituciones científicas acreditadas”, el documento finaliza con una advertencia: “De continuar con una política que no tenga en cuenta estos aspectos, los efectos serán cada vez más graves, más allá de la bonanza económica que pudiera generar para algunos pocos”.
En otros términos, la Coordinadora Zonal de la Tierra Ruta Nacional 81, hizo una advertencia similar: “Si esta situación volviera a repetirse”, dijo refiriéndose al gran número de desmontes hasta antes de la cautelar caída en diciembre de 2011, “estaríamos ante un quiebre peligroso de la paz social de nuestra región”. Palabras que, aunque persistentes, no alcanzan a describir la tristeza de criollos e indígenas que ven perderse sus montes y tierras. Tampoco es posible, aquí, ahora mismo, describir la impotencia que cualquiera puede apreciar en sus rostros y sus gestos con solo detenerse el tiempo suficiente para reconocerlos como pares y no como extraños a los que hay que incorporar al “progreso” de la “civilización”.
Elena Corvalán
Salta, 15 de abril de 2012
